Al relatar, en La Nación de ayer, la reunión que Sergio
Massa tuvo el sábado pasado con varios dirigentes del peronismo no
kirchnerista, Carlos Pagni afirmó que el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse “sostuvo
que en su provincia los muertos fueron muchos más que los que informa la
policía y que el verdadero número está en poder de la Gendarmería, que tiene
prohibido divulgarlo”.
Aludía a los muertos por los saqueos y demás disturbios ocurridos
en diversas ciudades del país el 9 y el 10 de este mes, en ocasión de las
huelgas de varias policías provinciales. Según se informó oficialmente, por
esos hechos murieron 14 personas en todo el país (seis de ellas en Tucumán y
tres en Concordia, provincia de Entre Ríos).
La de Pagni fue la primera referencia pública que leí sobre el
tema, pero pocos días antes había escuchado, en privado, dos comentarios
similares.
El 18, al visitar, por motivo de trabajo, una ciudad
entrerriana muy cercana a Concordia, un empresario y dirigente cívico local me
contó que, según le había revelado una fuente policial, los muertos allí no
fueron tres sino “entre 14 y 19”.
Dos días después, de regreso en Buenos Aires, le relaté esa
conversación a un alto oficial de una fuerza de seguridad, quien, lacónicamente
y sin detalles, me respondió: “Sí, nosotros tenemos información de que la
cantidad de muertos es bastante más alta que la que se informó”.
Si así fue, ¿cuántos son realmente los muertos
por esos episodios? ¿Por qué se esconde la cifra real? Y dado que todo indica
que ocurrió lo mismo con la inundación de La Plata en abril pasado, ¿estamos
ante una política de las administraciones nacional y provinciales destinada a ocultar
el verdadero impacto de las consecuencias de sus impericias?
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