Si Luiz Inácio Lula da Silva asume finalmente un cargo en el gabinete de
Dilma Rousseff, hará algo que nadie hizo hasta ahora en Brasil y que en
la Argentina registra solo dos lejanos antecedentes, los de Domingo
Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca: ser ministro después de haber
sido presidente.
En Brasil, el cargo de presidente fue creado en 1889, cuando una revolución acabó con la monarquía y proclamó la república.
Desde entonces, desempeñaron esa función 34 ciudadanos
-constitucionales, provisionales o de facto, sin contar interinatos-
desde el general Deodoro da Fonseca, que gobernó entre 1889 y 1891,
primero como presidente provisional y luego como primer mandatario
constitucional, hasta la actual jefa del Estado.
Varios de ellos fueron senadores tras dejar la Presidencia. El primero
fue Manuel Ferraz de Campos Sales, mandatario en 1898-1902 y más tarde
senador por San Pablo y embajador en la Argentina.
El último es José Sarney, primer presidente tras la última restauración
de la democracia, en 1985-90, y senador por el estado Amapá desde 1991
hasta la actualidad.
Otros fueron gobernadores de estados luego de presidentes, desde
Francisco de Paula Rodrigues Alves (jefe del Estado en 1902-06 y más
tarde gobernador de San Pablo, aunque en esa época la autoridad máxima
del estado también se denominaba presidente) hasta Itamar Franco, primer
magistrado en 1992-94 y gobernador del estado Minas Gerais en
1999-2003.
Pero hasta ahora, ninguna de las 33 personas que terminaron sus mandatos
presidenciales -nómina que naturalmente incluye a Lula- había asumido
posteriormente un cargo de ministro.
En la Argentina, en cambio, hay dos antecedentes y ambos se remontan al siglo XIX.
El primero fue Domingo Faustino Sarmiento, presidente en 1868-74 y
ministro del Interior -e interinamente a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores- durante 40 días de 1878, en el mandato de su
sucesor, Nicolás Avellaneda.
El segundo fue el general Julio Argentino Roca, presidente en 1880-86 y
ministro del Interior en 1890-91, durante el primer tramo del bienio en
que Carlos Pellegrini completó el mandato iniciado por Miguel Juárez
Celman, sucesor y concuñado de aquél.
Igual que Rousseff con Lula, Avellaneda y Pellegrini convocaron a
Sarmiento y Roca con el objeto de fortalecer sus administraciones en
momentos de cierta debilidad.
Con la designación de Sarmiento, Avellaneda procuró ampliar la base de
apoyo a su gobierno en un momento de fuerte reestructuración de la vida
de los principales partidos políticos en la Argentina.
En tanto, Pellegrini buscaba restablecer el orden en medio de la severa
crisis económica de 1890 y de los cuestionamientos que habían causado la
caída anticipada de Juárez Celman.
Ni Sarmiento ni Roca ni Avellaneda ni Pellegrini estaban entonces urgidos por investigaciones judiciales.
Por cierto, así como Rousseff fue ministra durante la presidencia de
Lula, Avellaneda lo había sido (de Justicia e Instrucción Pública,
1868-73) de Sarmiento antes de convocarlo a su gabinete, lo mismo que
Pellegrini lo fue (de Guerra y Marina, 1885-86) de Roca antes de que la
relación jerárquica se invirtiera.
* * * * *
Nota publicada originalmente el 16/3/2016 en la agencia de noticias Télam:
http://www.telam.com.ar/notas/201603/139829-luiz-inacio-lula-da-silva-domingo-faustino-sarmiento-julio-argentino-roca.html
viernes, 18 de marzo de 2016
CÓMO SERÁ EL CICLO QUE VIENE EN AMÉRICA LATINA
Parece evidente que América latina y el Caribe están
viviendo un cambio de época. El rasgo más notorio es el fin de varios regímenes
populistas, ya concretado en la Argentina y más o menos próximo en Bolivia,
Brasil, Ecuador y Venezuela, tal como lo han señalado últimamente varios
analistas. Sin embargo, ése es apenas uno de los diversos factores que
caracterizan el momento, y conviene explorarlos a todos para poder vislumbrar
mejor cómo será el ciclo que viene.
El reciente cambio de gobierno en la Argentina y los que se
avizoran cada vez más inminentes en Brasil y Venezuela serán seguramente
determinantes para quitar del escenario un foco de disidencia y permitir una
mayor convergencia que acaso se traduzca en menos deliberación y más hechos
concretos en materia de integración, no solo dentro de la región sino entre
ésta y el resto del mundo. Integración no únicamente económica y comercial sino
también en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico, y de
cooperación en la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo.
Los casos de Bolivia y Ecuador son diferentes por dos
motivos. Por un lado, porque la limitación temporal para la permanencia en el
gobierno de sus presidentes, Evo Morales y Rafael Correa ‒decidida por la
ciudadanía en el primer caso y por el propio interesado en el segundo‒, no
significa necesariamente el agotamiento de sus modelos políticos. Aunque sí es
probable que también lo sea: se sabe que no hay populismo exitoso sin un fuerte
liderazgo personal, y no hay sucesores a la vista con ese atributo para Morales
ni para Correa.
Pero también porque, aun cuando aparecieran esos eventuales nuevos
líderes, Bolivia y Ecuador carecen de la influencia que tienen países con
economías más grandes y poderosas. Por lo tanto, resulta difícil imaginar que
puedan convertirse en contrapeso de una corriente que agrupara, por ejemplo, a
la Argentina, Brasil, Venezuela y los miembros de la Alianza del Pacífico.
Al mismo tiempo, conviene seguir de cerca la evolución de
Colombia. Aun con las dificultades estructurales y temporales que analizamos la
semana pasada (ver http://ideasyprotagonistas.com/2016/03/08/la-paz-en-colombia-el-problema-detras-de-la-solucion/),
si logra acordar la paz definitiva no solo con las FARC sino también con el ELN
y el EPL quedará perfilada para dar un salto que acaso la lleve en poco tiempo
a disputarle a la Argentina el tercer puesto regional por la magnitud de su
economía.
Otra modificación sustantiva llegará en cualquier momento
desde Cuba. Hasta ahora, la política de reformas puesta en marcha por el presidente
Raúl Castro y el descongelamiento de la relación con Estados Unidos vienen
produciendo cambios por goteo. Pero el proceso puede tomar una velocidad inimaginable
una vez que el Congreso norteamericano derogue el bloqueo económico y comercial
a la isla ‒parece razonable esperar que eso ocurra más temprano que tarde,
aunque no necesariamente en lo que queda del gobierno de Barack Obama‒, y que
los hermanos Castro se aproximen a su límite biológico.
Paralelamente, al margen de la influencia que puede ejercer
la situación particular de cada país, hay un conjunto de fenómenos que afectan
transversalmente a la región.
Uno de ellos es la caída de los precios internacionales de
las materias primas, que todavía siguen siendo la mayor fuente de recursos para
las naciones latinoamericanas y caribeñas. Ello puede provocar, en algunos
casos, una disminución de los volúmenes exportados a causa de los menores
estímulos para hacerlo, lo que profundizará la caída de ingresos que ya se
registró con toda crudeza en 2015.
La reducción de los ingresos pondrá a los países ante el
desafío de optar entre descuidar la disciplina fiscal ‒lo que a su vez puede
abrir, al menos inicialmente, un período de aumento de la inflación‒ o enfriar
la economía, con sus previsibles secuelas sociales. Hay una tercera alternativa
para evitar cualquiera de esos dos caminos, pero tampoco es ilimitada ni
inocua: el endeudamiento.
En el mejor de los casos, el ciclo que viene será muy
austero en materia económica y eso, por más razonable que sea en el estado
actual de las cosas, no suele ser fácilmente comprendido, ni mucho menos
tolerado, por gran parte de las sociedades. Y excepto que suceda algún milagro,
tres de las mayores economías de la región ‒otra vez la Argentina, Brasil y
Venezuela‒ entran en el nuevo ciclo en condiciones muy desventajosas para
aspirar a acceder al mejor de los casos.
Otro de los fenómenos que atraviesa a la región es el auge
de ciertas formas de crimen organizado, como la corrupción administrativa, el
narcotráfico y la consecuencia natural de ambas: el lavado de activos.
La corrupción creció significativamente ‒o el avance de
ciertas herramientas para combatirla y la imposibilidad de acallar a todos los
medios de comunicación permitieron detectar más casos y más resonantes‒ en
países donde ya se la consideraba arraigada, como la Argentina, Brasil,
Colombia, Guatemala y Venezuela. Pero también alcanzó niveles preocupantes en
países donde no era tan habitual ‒o se la disimulaba mejor‒, como Chile (con el
caso del hijo y la nuera de la presidenta Michelle Bachelet), Uruguay (con el
caso de la empresa estatal Ancap) y Perú (donde la primera dama y presidenta
del partido gobernante, Nadine Heredia, es investigada por lavado de activos).
Y, además, se multinacionalizó, como
lo prueba la onda expansiva del escándalo de Petrobras sobre buena parte de la
región.
Asimismo, el narcotráfico ha diversificado sus métodos y sus
bases operativas, se ha asentado en países donde hasta hace poco no actuaba, ha
captado los restos de organizaciones guerrilleras ‒sobre todo en Colombia y
Perú‒ y bandas criminales dedicadas antes a otros rubros, y en varias naciones se ha entremezclado peligrosamente con
la política. Hasta ahora, la toma de conciencia de ese flagelo ha avanzado
mucho más rápido que los tibios intentos para ensayar nuevos modos de
combatirlo o abordar el problema de manera integral.
También, con distintas formas y diferentes niveles de
gravitación según los países o las zonas dentro de la región, asuntos como la
trata de personas, la migración y la inseguridad ciudadana ‒con sus secuelas de
violación de los derechos humanos fundamentales‒ ganan cada vez más espacio en
la agenda cotidiana.
En síntesis, estamos entrando en una era en la
que habrá que corregir muchos de los desaguisados que caracterizaron al tiempo
que se va; preservar y extender avances en materia de inclusión social,
igualdad entre géneros y derechos de minorías sociales; recuperar democracia y
república sin perder gobernabilidad; resolver la tensión entre la explotación
de los recursos naturales y el impacto ambiental; integrarse al mundo de manera
confiable y duradera, y achicar con rapidez y efectividad la brecha educativa y
tecnológica. Todos esos desafíos, y seguramente muchos otros, habrá que
afrontarlos con mucho menos dinero que el que hubo disponible en la época que
termina.* * * * *
Nota publicada originalmente el 15/3/2016 en IDEAS & PROTAGONISTAS:
http://ideasyprotagonistas.com/2016/03/15/como-sera-el-ciclo-que-viene-en-america-latina/
Reproducida el 17/3/2016 en el diario MDZ On Line:
http://www.mdzol.com/opinion/662266-como-sera-el-ciclo-que-viene-en-america-latina/
LA PAZ EN COLOMBIA: EL PROBLEMA DETRÁS DE LA SOLUCIÓN
El gobierno de Colombia y las FARC están haciendo todo lo
posible para suscribir el acuerdo definitivo de paz el 23 de este mes. El
presidente Juan Manuel Santos dijo hace diez días que, según “algunos
estudios”, la tasa de crecimiento de la economía se acelerará, quizás hasta el
doble de la actual, “una vez consolidada la paz”. No hay duda de que la firma
de ese convenio representará un gigantesco paso adelante en la historia colombiana.
Pero también puede ser el origen de una gran frustración si no se construyen
adecuadamente las expectativas acerca de sus posibles consecuencias.
Para empezar, la paz con las FARC no significará el fin
absoluto del conflicto armado en el que Colombia vive inmersa desde 1948. Sí es
cierto que ese problema quedará reducido tal vez a su mínima expresión
histórica, tras la desmovilización anterior de otros grupos guerrilleros y la
considerable disminución ‒especialmente si se la compara con la de las décadas
de los 80 y los 90‒ de la violencia provocada por las organizaciones
narcotraficantes y paramilitares. Pero aún actúan bandas de narcos y de paracos, y, por más que manifestaron en varias ocasiones su interés
en iniciar un proceso similar al encarado con las FARC, también los grupos
guerrilleros Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de
Liberación (EPL).
Del EPL se supone que queda muy poco: acaso uno o dos
centenares de militantes, bien pertrechados y más dedicados al narcotráfico que
al marxismo, con presencia limitada al Catatumbo, una zona del departamento
Norte de Santander rica en petróleo y fronteriza con el estado venezolano
Zulia.
El ELN, aunque también está disminuido en comparación con
otros tiempos, conserva entre 1.500 y 3.000 efectivos distribuidos en varias regiones
del país. Y aun cuando desde hace más de un año lleva adelante conversaciones
reservadas con el gobierno ‒admitidas públicamente por sus comandantes y por el
propio Santos‒ con el fin de abrir un proceso similar al que está por
completarse con las FARC, ese diálogo todavía no tiene fecha de comienzo y sus
guerrilleros siguen secuestrando, asesinando y cometiendo atentados.
Además, en los últimos tiempos comenzaron a actuar en zonas
de los departamentos Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca de las que las FARC
se retiraron como consecuencia de sus negociaciones con el gobierno, según
denunció a fines de febrero la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Pocos días antes, el diario El Tiempo había publicado una investigación en la
que afirmó que jefes del ELN estaban reclutando a guerrilleros de las FARC que
no están de acuerdo con el proceso de paz. Por cierto, en febrero recrudecieron
tanto las acciones del ELN como la persecución de las Fuerzas Militares a esa
organización.
Paralelamente, se calcula que entre 5.000 y 6.000 personas
forman parte de las menos de 10 bacrim
(acrónimo de bandas criminales emergentes),
organizaciones formadas por disidentes de la desmovilización masiva de cerca de
32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocurrida en
2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esos grupos, entre los que figuran
Águilas Negras, Clan Úsuga, Los Rastrojos y Oficina de Envigado, controlan el
narcotráfico ‒tras la desaparición de los grandes carteles de los 80 y los 90,
como los de Medellín, Cali y el Norte del Valle‒ y se dedican también a
actividades como el secuestro extorsivo, el contrabando y la minería ilegal, en
muchos casos en alianza con las organizaciones guerrilleras.
A las bacrim se
atribuyen los recurrentes ataques a dirigentes y activistas humanitarios, que
en 2015 aumentaron 9 por ciento en relación con 2014 y fueron en total 682,
entre los cuales hubo 539 amenazas, 63 asesinatos, 35 atentados y 26
detenciones arbitrarias, según reportó la semana pasada la ONG Somos
Defensores.
Aunque lejos de sus máximos históricos, la persistencia de
organizaciones guerrilleras y bacrim
genera todavía niveles importantes de inseguridad no solo para las personas
sino también para las instalaciones ‒si bien parecen haber decrecido en los
últimos meses, los atentados de grupos insurgentes contra oleoductos y torres
de transmisión de electricidad siguen siendo un clásico‒, y dificultan la
recuperación de enormes extensiones de tierras improductivas por la
implantación de minas antipersonales (al respecto, se recomienda leer la
conversación con el gerente general de la Fundación Arcángeles, Hugo Prada, en
el archivo de este sitio: http://ideasyprotagonistas.com/2016/02/12/conversacion-sobre-la-actualidad-de-colombia/).
Al mismo tiempo, Colombia no es inmune a los vaivenes de los
mercados globales y a las consecuencias de éstos sobre la región. Por ejemplo,
en los primeros 10 meses de 2015 sus ingresos por exportaciones cayeron 35 por
ciento con respecto a igual período de 2014, de 47.232 a 30.678 millones de
dólares, en gran medida debido al descenso de los precios de las materias
primas y, en particular, el del petróleo.
De hecho, en ese período el producto de sus exportaciones
minero energéticas se derrumbó 46,5 por ciento, de 33.620 a 17.992 millones de
dólares, mientras el de sus ventas no minero energéticas disminuyó solo 6,8 por
ciento, de 13.613 a 12.687 millones de dólares, según datos de Procolombia, la
oficina de promoción de las exportaciones, el turismo y la inversión en el
país. En la misma dirección, la petrolera estatal Ecopetrol informó este
domingo que durante 2015 registró una pérdida neta de 1.235 millones de dólares
y una rebaja de 11 por ciento de sus reservas probadas netas de hidrocarburos.
Asimismo, por más que logró reducir en 2015 todas las tasas
de pobreza (de 21,9 a 20,2 por ciento la multidimensional, que mide 10
parámetros de educación, salud y calidad de vida; de 28,5 a 27,8 por ciento la
monetaria, y de 8,1 a 7,9 por ciento la extrema), Colombia mantiene uno de los niveles
de desempleo más altos de la región, solo superado por los de Barbados y
Jamaica, y que entre enero de 2015 y enero de 2016 aumentó de 10,8 a 11,9 por
ciento, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).
Por otra parte, el acuerdo definitivo de paz con las FARC no
significa necesariamente que todos sus cerca de 8.000 efectivos actuales vayan
a dejar las armas. A la ya mencionada existencia de un conjunto ‒de magnitud
desconocida, por ahora‒ de sus miembros que no están dispuestos a dejar la
actividad guerrillera, acaso sea pertinente sumar otra cantidad, también
incierta y probablemente mayor, de personas que de repente habrán perdido su
medio de vida y su marco de contención, sin tener para subsistir muchos más
conocimientos que el manejo de armas y la coerción. Valga como ejemplo que 70
por ciento de los 800 guerrilleros de las FARC desmovilizados entre 2012 y 2013
eran analfabetos funcionales, según datos oficiales de esa época.
Por lo tanto, es difícil suponer que todos los integrantes
actuales de las FARC tengan las mismas facilidades que sus comandantes y mandos
medios para ganarse la vida en el ámbito civil, ya sea en la política o fuera
de ella. Deberá el gobierno invertir enormes cantidades de creatividad,
esfuerzo y dinero para lograr la inserción en la sociedad de tantos
guerrilleros rasos. No es que no esté haciéndolo: desde 2003 funciona la
Agencia Colombiana para la Reintegración, que ha atendido a más de 55.000
desmovilizados de los grupos guerrilleros y paramilitares. Pero su programa de
atención psicosocial y formación para el trabajo dura siete años, todo un
desafío para la paciencia de los beneficiarios.
En síntesis, así como suena indiscutible que la
firma de la paz con las FARC se convertirá en uno de los mayores hitos de la
historia de Colombia, parece razonable esperar que sus consecuencias políticas,
sociales y económicas no lleguen de un día para el otro. Convendrá tenerlo
presente para evitar que una gran solución se convierta en un gran problema
simplemente porque se sobredimensionaron las expectativas.* * * * *
Nota publicada originalmente el 8/3/2016 en IDEAS & PROTAGONISTAS:
http://ideasyprotagonistas.com/2016/03/08/la-paz-en-colombia-el-problema-detras-de-la-solucion/
Reproducida ese mismo día en el diario Gaceta Mercantil:
http://www.gacetamercantil.com.ar/notas/96857/la-paz-en-colombia-el-problema-detras-de-la-solucion.html
LOS DOS DESAFÍOS URGENTES DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a la
oposición en Venezuela informó que este jueves, 3 de marzo, revelará cuál será,
de todos los mecanismos legales posibles, el que utilizará para tratar de
forzar la caída del presidente Nicolás Maduro. Esa decisión ‒que a 48 horas del
anuncio es todavía una gran incógnita‒ es apenas uno de los dos desafíos
urgentes y vitales que la coalición deberá sortear si no quiere esperar hasta
2019 para llegar al gobierno. El otro es nada menos que la elección del
candidato a suceder a Maduro.
La coalición opositora podrá llegar anticipadamente al palacio presidencial de Miraflores solo si Maduro deja su cargo antes del 10 de enero de 2017. Los más de 10 meses que faltan para esa fecha no son tanto tiempo como parece, pues todas las opciones más probables para provocar la vacancia requieren procesos complejos (ver /http://ideasyprotagonistas.com/2016/02/16/las-nueve-formas-legales-de-acortar-el-mandato-de-maduro/). Además, es razonable esperar que los poderes Judicial y Electoral ‒hoy bajo control del chavismo‒ apliquen la experiencia y la predisposición que ya demostraron en ocasiones anteriores para extender considerablemente las demoras naturales de cualquiera de esas opciones.
La MUD parece haber comprendido que no le sobra tiempo y por eso anticipó para estos días la decisión que en principio había anunciado que daría a conocer en julio.
Por otra parte, si Maduro cayera antes del 10 de enero de 2017, habrá apenas 30 días desde que eso ocurra ‒si se respeta la Constitución‒ para elegir en las urnas a su sucesor. Parece prácticamente imposible, en ese breve plazo, convocar, organizar y realizar elecciones internas para escoger un candidato presidencial. Si así fuera, el postulante deberá surgir por consenso entre los líderes de la MUD.
La polarización extrema en que el chavismo sumió a Venezuela y los resultados de todas las elecciones ‒presidenciales, parlamentarias y de autoridades regionales‒ efectuadas desde 2006 pueden causar la impresión de que rige en ese país un sistema esencialmente bipartidista. Pero eso no es exactamente así.
Tanto el chavismo como la MUD son en realidad coaliciones enormes y muy heterogéneas. Así como en el actual oficialismo conviven estatistas y privatistas, procubanos y anticubanos, y militaristas y civilistas, en la oposición coexisten conservadores y marxistas, moderados y radicales, y no chavistas y antichavistas furiosos, que naturalmente son cosas diferentes.
El chavismo es más vertical y organizado, producto de sus más de 17 años en el gobierno y del liderazgo excepcional de Hugo Chávez. En tanto, la MUD es más horizontal, con varios jefes competitivos pero ninguno hegemónico, y aún depende mucho de la confluencia de voluntades individuales, pues más que una maquinaria militante común se han desarrollado los aparatos de varios de los partidos que la integran.
Y como todo en Venezuela ha girado desde 1999 alrededor de Chávez ‒y en buena medida parece seguir haciéndolo aún hoy, tres años después de su muerte‒, también lo ha hecho la oposición. Después de varios resonantes traspiés (el golpe de estado de 2002, la huelga general petrolera de 2002-03, la derrota en el referendo revocatorio de 2004 y la abstención en las elecciones parlamentarias de 2005), comprendió que solo podría competir con el chavismo bajo el paraguas de una coalición lo más abarcadora posible. Así fue en 2006, cuando 43 partidos se reunieron en la Unidad Nacional detrás de la candidatura de Manuel Rosales, y con mayor y mejor organización a partir de comienzos de 2008, cuando se fundó la MUD.
Así, para 2012 hubo tiempo de realizar las elecciones internas que Henrique Capriles ganó no solamente por sus méritos sino sobre todo porque el chavismo se lo facilitó al inhabilitar a su principal competidor, Leopoldo López, quien probablemente habría sido el candidato presidencial opositor de no mediar esa sanción. Capriles demostró su talento en la campaña y realizó, por lejos, el mejor papel entre todos los postulantes opositores derrotados por Chávez. Por eso, y porque López continuaba inhibido, fue natural que seis meses después, tras la muerte del teniente coronel y sin tiempo para efectuar comicios internos, fuera elegido por la cúpula de la MUD para enfrentar a Maduro.
Pero ahora será diferente. Primero, porque si efectivamente cayera Maduro y hubiera que llamar a elecciones, tal vez los líderes opositores que hoy están presos o inhabilitados hayan sido beneficiados por la amnistía que está tratando la Asamblea Nacional (parlamento) y estén en condiciones de postularse. También porque, a pesar de que Capriles no ha dejado de recorrer el país desde 2012, como si estuviera permanentemente en campaña electoral, el paso del tiempo ha ido modificando el escenario.
El buen desempeño electoral potenció la imagen de Capriles hasta convertirlo por un tiempo en el aparente líder indiscutido de la oposición. Pero con la muerte de Chávez desapareció el principal factor aglutinante, tanto en el chavismo como en la oposición, y en ambos sectores comenzaron a aflorar las diferencias internas.
Las de la MUD quedaron en evidencia a comienzos de 2014, cuando el sector más radical de López, María Corina Machado y Antonio Ledezma ‒tal vez menos numeroso entre partidos y dirigentes de la coalición pero con buena repercusión entre los estudiantes‒ impulsó La Salida, aquella serie de protestas cotidianas que se extendieron entre febrero y junio y dejaron 43 muertos y 873 heridos, según los datos del gobierno. Capriles, que tomó distancia de esa iniciativa, probablemente cargue menos víctimas en su conciencia pero quedó fuera del alcance de la pátina de heroísmo y martirologio que benefició a los encarcelados López y Ledezma y a la destituida diputada Machado.
Esas disidencias no se han acallado, como lo prueban las recientes manifestaciones públicas acerca de cuál debe ser la vía elegida por la MUD para cesar a Maduro. Para López y su sector, lo mejor es forzar la renuncia del presidente; para Capriles y los suyos, juntar los casi 3,9 millones de firmas necesarias para convocar a un referendo revocatorio, y para otros, sancionar en la Asamblea una enmienda constitucional que reduzca el mandato del jefe del Estado.
Capriles y López ‒tan parecidos por pertenencia generacional, con 43 y 44 años, y, hasta hace algunos años por trayectoria política y militancia partidaria compartida‒ siguen estando entre los principales candidatos a la vista de la opinión pública, pero no son los únicos. Según una encuesta divulgada a fines de febrero por la firma Datos, junto a Henry Ramos Allup empatan el segundo lugar entre los dirigentes opositores que generan más agrado en la población, que no es lo mismo que intención de voto para una eventual candidatura presidencial pero tampoco es del todo diferente.
Ramos Allup es un veterano socialdemócrata ‒tiene 72 años y es el líder del tradicional partido Acción Democrática‒ que comenzó a ganar predicamento en 2014, cuando junto a otros dirigentes hizo evidentes y exitosos esfuerzos por evitar la fractura de la MUD, y saltó a una posición de privilegio a comienzos de este año, al ser elegido presidente de la Asamblea Nacional.
Pero la mayor sorpresa de ese sondeo está en quien ocupa el primer puesto, porque no es un político. Se trata de Lorenzo Mendoza, ingeniero industrial de 50 años que preside Empresas Polar, un conglomerado de más de 40 empresas y 31.000 empleados que es el mayor productor privado de alimentos y bebidas en Venezuela. Aunque no se le conoce militancia partidaria, en los últimos años levantó el perfil y hasta recibió ovaciones en estadios colmados. Maduro, que en varias ocasiones hizo el amago de negociar con él para buscar una solución a la crisis de abastecimiento pero nunca profundizó esos contactos, lo ha demonizado públicamente y amenzado con expropiarle las empresas, pero hasta ahora no lo hizo. Mendoza, que nunca demostró temor para responder a las acusaciones del gobierno, dijo días atrás: “Yo no me voy del país. Aquí lo que tenemos es que trabajar duro y tener fe.”
Quién sabe hasta dónde llegará la fe de Mendoza.
¿Tendrá la suficiente como para encabezar el cambio de época no solo para el
chavismo sino también para la MUD? ¿Será, por su falta de antecedentes
partidarios, su reputación de empresario exitoso y su indudable oposición al gobierno,
el candidato transaccional a la medida de las ambiciones y las vanidades de los
jefes de los partidos de la coalición? No falta mucho para saberlo. En el peor
de los casos, poco más de 10 meses.La coalición opositora podrá llegar anticipadamente al palacio presidencial de Miraflores solo si Maduro deja su cargo antes del 10 de enero de 2017. Los más de 10 meses que faltan para esa fecha no son tanto tiempo como parece, pues todas las opciones más probables para provocar la vacancia requieren procesos complejos (ver /http://ideasyprotagonistas.com/2016/02/16/las-nueve-formas-legales-de-acortar-el-mandato-de-maduro/). Además, es razonable esperar que los poderes Judicial y Electoral ‒hoy bajo control del chavismo‒ apliquen la experiencia y la predisposición que ya demostraron en ocasiones anteriores para extender considerablemente las demoras naturales de cualquiera de esas opciones.
La MUD parece haber comprendido que no le sobra tiempo y por eso anticipó para estos días la decisión que en principio había anunciado que daría a conocer en julio.
Por otra parte, si Maduro cayera antes del 10 de enero de 2017, habrá apenas 30 días desde que eso ocurra ‒si se respeta la Constitución‒ para elegir en las urnas a su sucesor. Parece prácticamente imposible, en ese breve plazo, convocar, organizar y realizar elecciones internas para escoger un candidato presidencial. Si así fuera, el postulante deberá surgir por consenso entre los líderes de la MUD.
La polarización extrema en que el chavismo sumió a Venezuela y los resultados de todas las elecciones ‒presidenciales, parlamentarias y de autoridades regionales‒ efectuadas desde 2006 pueden causar la impresión de que rige en ese país un sistema esencialmente bipartidista. Pero eso no es exactamente así.
Tanto el chavismo como la MUD son en realidad coaliciones enormes y muy heterogéneas. Así como en el actual oficialismo conviven estatistas y privatistas, procubanos y anticubanos, y militaristas y civilistas, en la oposición coexisten conservadores y marxistas, moderados y radicales, y no chavistas y antichavistas furiosos, que naturalmente son cosas diferentes.
El chavismo es más vertical y organizado, producto de sus más de 17 años en el gobierno y del liderazgo excepcional de Hugo Chávez. En tanto, la MUD es más horizontal, con varios jefes competitivos pero ninguno hegemónico, y aún depende mucho de la confluencia de voluntades individuales, pues más que una maquinaria militante común se han desarrollado los aparatos de varios de los partidos que la integran.
Y como todo en Venezuela ha girado desde 1999 alrededor de Chávez ‒y en buena medida parece seguir haciéndolo aún hoy, tres años después de su muerte‒, también lo ha hecho la oposición. Después de varios resonantes traspiés (el golpe de estado de 2002, la huelga general petrolera de 2002-03, la derrota en el referendo revocatorio de 2004 y la abstención en las elecciones parlamentarias de 2005), comprendió que solo podría competir con el chavismo bajo el paraguas de una coalición lo más abarcadora posible. Así fue en 2006, cuando 43 partidos se reunieron en la Unidad Nacional detrás de la candidatura de Manuel Rosales, y con mayor y mejor organización a partir de comienzos de 2008, cuando se fundó la MUD.
Así, para 2012 hubo tiempo de realizar las elecciones internas que Henrique Capriles ganó no solamente por sus méritos sino sobre todo porque el chavismo se lo facilitó al inhabilitar a su principal competidor, Leopoldo López, quien probablemente habría sido el candidato presidencial opositor de no mediar esa sanción. Capriles demostró su talento en la campaña y realizó, por lejos, el mejor papel entre todos los postulantes opositores derrotados por Chávez. Por eso, y porque López continuaba inhibido, fue natural que seis meses después, tras la muerte del teniente coronel y sin tiempo para efectuar comicios internos, fuera elegido por la cúpula de la MUD para enfrentar a Maduro.
Pero ahora será diferente. Primero, porque si efectivamente cayera Maduro y hubiera que llamar a elecciones, tal vez los líderes opositores que hoy están presos o inhabilitados hayan sido beneficiados por la amnistía que está tratando la Asamblea Nacional (parlamento) y estén en condiciones de postularse. También porque, a pesar de que Capriles no ha dejado de recorrer el país desde 2012, como si estuviera permanentemente en campaña electoral, el paso del tiempo ha ido modificando el escenario.
El buen desempeño electoral potenció la imagen de Capriles hasta convertirlo por un tiempo en el aparente líder indiscutido de la oposición. Pero con la muerte de Chávez desapareció el principal factor aglutinante, tanto en el chavismo como en la oposición, y en ambos sectores comenzaron a aflorar las diferencias internas.
Las de la MUD quedaron en evidencia a comienzos de 2014, cuando el sector más radical de López, María Corina Machado y Antonio Ledezma ‒tal vez menos numeroso entre partidos y dirigentes de la coalición pero con buena repercusión entre los estudiantes‒ impulsó La Salida, aquella serie de protestas cotidianas que se extendieron entre febrero y junio y dejaron 43 muertos y 873 heridos, según los datos del gobierno. Capriles, que tomó distancia de esa iniciativa, probablemente cargue menos víctimas en su conciencia pero quedó fuera del alcance de la pátina de heroísmo y martirologio que benefició a los encarcelados López y Ledezma y a la destituida diputada Machado.
Esas disidencias no se han acallado, como lo prueban las recientes manifestaciones públicas acerca de cuál debe ser la vía elegida por la MUD para cesar a Maduro. Para López y su sector, lo mejor es forzar la renuncia del presidente; para Capriles y los suyos, juntar los casi 3,9 millones de firmas necesarias para convocar a un referendo revocatorio, y para otros, sancionar en la Asamblea una enmienda constitucional que reduzca el mandato del jefe del Estado.
Capriles y López ‒tan parecidos por pertenencia generacional, con 43 y 44 años, y, hasta hace algunos años por trayectoria política y militancia partidaria compartida‒ siguen estando entre los principales candidatos a la vista de la opinión pública, pero no son los únicos. Según una encuesta divulgada a fines de febrero por la firma Datos, junto a Henry Ramos Allup empatan el segundo lugar entre los dirigentes opositores que generan más agrado en la población, que no es lo mismo que intención de voto para una eventual candidatura presidencial pero tampoco es del todo diferente.
Ramos Allup es un veterano socialdemócrata ‒tiene 72 años y es el líder del tradicional partido Acción Democrática‒ que comenzó a ganar predicamento en 2014, cuando junto a otros dirigentes hizo evidentes y exitosos esfuerzos por evitar la fractura de la MUD, y saltó a una posición de privilegio a comienzos de este año, al ser elegido presidente de la Asamblea Nacional.
Pero la mayor sorpresa de ese sondeo está en quien ocupa el primer puesto, porque no es un político. Se trata de Lorenzo Mendoza, ingeniero industrial de 50 años que preside Empresas Polar, un conglomerado de más de 40 empresas y 31.000 empleados que es el mayor productor privado de alimentos y bebidas en Venezuela. Aunque no se le conoce militancia partidaria, en los últimos años levantó el perfil y hasta recibió ovaciones en estadios colmados. Maduro, que en varias ocasiones hizo el amago de negociar con él para buscar una solución a la crisis de abastecimiento pero nunca profundizó esos contactos, lo ha demonizado públicamente y amenzado con expropiarle las empresas, pero hasta ahora no lo hizo. Mendoza, que nunca demostró temor para responder a las acusaciones del gobierno, dijo días atrás: “Yo no me voy del país. Aquí lo que tenemos es que trabajar duro y tener fe.”
* * * * *
Nota publicada originalmente el 1/3/2016 en IDEAS & PROTAGONISTAS:
http://ideasyprotagonistas.com/2016/03/01/los-dos-desafios-urgentes-de-la-oposicion-venezolana/
Reproducida el 5/3/2016 en el diario MDZ On Line:
http://www.mdzol.com/opinion/660088-los-dos-desafios-urgentes-de-la-oposicion-venezolana/
PERÚ, EN INÉDITA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO FUJIMORISMO
A menos de dos meses de las elecciones generales del 10 de
abril, el Perú atraviesa un clima de transición que tiene algunos atributos
similares a los de los últimos procesos electorales pero también otros
novedosos y cruciales, tales como la sensación de que el modelo económico da
señales de agotamiento después de 15 años y el hecho de que la favorita para presidir
el país durante el próximo lustro lleva el apellido Fujimori.
La economía, que en los últimos tres lustros se expandió casi sin interrupción a tasas chinas, se desaceleró el año pasado y creció solo 2,4 por ciento. La inflación superó la meta de 3 por ciento planteada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que debió vender más dólares que lo previsto para evitar una mayor devaluación de la moneda local. Las cuentas fiscales volvieron a ser deficitarias y se registró un aumento sostenido de la deuda total, especialmente la privada.
Asimismo, cuando el presidente Ollanta Humala entregue el gobierno, el 28 de julio próximo, habrá culminado la mayor expansión minera en la historia del país. Durante su quinquenio la industria del sector habrá invertido alrededor de 35.000 millones de dólares. Pero el resto de los proyectos, valuados en conjunto en 64.000 millones de dólares, son iniciativas de largo plazo sin fecha fijada para el arranque, o suspendidas o sin autorización concedida, en casi todos los casos debido a la oposición social pero también a raíz de la sostenida caída de los precios internacionales de los metales.
En materia política, la situación preelectoral ofrece varios elementos conocidos. Uno es la casi seguridad de que habrá segunda vuelta. De las seis elecciones presidenciales realizadas desde 1990, solo una ‒la primera reelección de Alberto Fujimori, en 1995‒ se resolvió en primera vuelta.
Otra casi certeza es que el próximo presidente no tendrá mayoría en el Congreso unicameral. Lo cual no representa necesariamente un problema: “Desde 1990, salvo en el período del autogolpe de Fujimori, ningún gobierno tuvo mayoría y todos han sobrevivido y han terminado sus mandatos perfectamente bien”, me dijo el líder del partido Acción Popular, Víctor García Belaunde, en 2012, cuando Humala aún no había cumplido un año en el gobierno.
También se repite la volatilidad del electorado, que en los últimos ocho meses fluctuó entre tres candidatos para el segundo puesto, aunque en esta ocasión, como no sucedía desde 2001 con Alejandro Toledo, mantuvo siempre en el primer lugar a Keiko Fujimori, quien, según todas las encuestas, también es favorita para cualquier escenario de balotaje. No obstante, nada es seguro: en 2006 y 2011, los candidatos que tenían la mayor intención de voto dos meses y medio antes de los comicios ‒Lourdes Flores y Toledo, respectivamente‒, finalmente quedaron fuera de la segunda vuelta.
Por otra parte, al cierre de esta nota no era del todo seguro que Julio Guzmán (segundo en la intención de voto, con 18 por ciento) y César Acuña (cuarto, con seis por ciento) pudieran presentarse a los comicios de abril. La autoridad electoral aún podía inhabilitarlos, en el caso de Guzmán por irregularidades de su partido en la definición y la inscripción de su candidatura, y en el de Acuña, por denuncias de plagio en tres tesis de posgrado y un libro.
Asimismo, Humala termina su mandato con su popularidad muy desgastada: de 65 por ciento de imagen positiva que llegó a tener poco después de haber asumido cayó a 16 por ciento en diciembre pasado, afectado sobre todo ‒pero no exclusivamente‒ por la suerte de su esposa, Nadine Heredia, que además es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ambos cofundaron en 2005. La primera dama es objeto de investigaciones judiciales y parlamentarias por presunto lavado de activos. En ese contexto, meses atrás Humala sufrió la resonante renuncia al PNP de su vicepresidenta, Marisol Espinoza, quien en abril será candidata a una banca en el Congreso por el partido populista de derecha Alianza Para el Progreso (APP).
En los dos procesos electorales anteriores (2006 y 2011) no hubo candidatos oficialistas a la Presidencia; ahora lo hay, pero el general retirado Daniel Urresti está undécimo en las preferencias, con uno por ciento de la intención de voto. Cinco años atrás, el presidente saliente, Alan García, resolvió no asistir a la asunción de Humala por temor a que lo abuchearan, según explicó él mismo.
Ni siquiera es nuevo que la probable próxima presidenta sea la misma que perdió el balotaje cinco años antes: lo mismo sucedió con Humala, derrotado por García en 2006 y triunfador sobre Keiko Fujimori en 2011. Tampoco que su acceso al gobierno implique un cambio de orientación ideológica, en este caso del populismo de centroizquierda del PNP al populismo de derecha de Fuerza Popular. Lo mismo ocurrió en todos los casos de Toledo en adelante, sin que variara en lo esencial el rumbo económico.
En todo caso, lo novedoso es que la probable mandataria es precisamente la hija de quien no hace aún tanto tiempo clausuró el Congreso, convirtió su gobierno constitucional en otro de carácter dictatorial y desde hace varios años está preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Si finalmente gana las elecciones, Keiko gobernará un país menos próspero que el de los últimos 15 años y es razonable esperar en ese contexto un aumento de la conflictividad social. También deberá decidir, ya sin la necesidad de especular con los posibles votos ‒lo que en las últimas dos campañas la obligó a complicados malabares dialécticos‒, en cuánto se parecerá a su padre y en cuánto se diferenciará de él.
Y deberá resolver un dilema moral: si le concede a su padre, de 77 años y con la salud algo quebrantada, el indulto que ella misma pidió alguna vez junto a sus hermanos y que permanentemente es objeto de polémica en el Perú. Humala no se lo dio y defendió esa decisión con un argumento de peso: tampoco se lo otorgó a su hermano Antauro, convicto por la toma de una comisaría, hecho con el que pretendía derrocar a Toledo y en el que murieron seis personas.
La economía, que en los últimos tres lustros se expandió casi sin interrupción a tasas chinas, se desaceleró el año pasado y creció solo 2,4 por ciento. La inflación superó la meta de 3 por ciento planteada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que debió vender más dólares que lo previsto para evitar una mayor devaluación de la moneda local. Las cuentas fiscales volvieron a ser deficitarias y se registró un aumento sostenido de la deuda total, especialmente la privada.
Asimismo, cuando el presidente Ollanta Humala entregue el gobierno, el 28 de julio próximo, habrá culminado la mayor expansión minera en la historia del país. Durante su quinquenio la industria del sector habrá invertido alrededor de 35.000 millones de dólares. Pero el resto de los proyectos, valuados en conjunto en 64.000 millones de dólares, son iniciativas de largo plazo sin fecha fijada para el arranque, o suspendidas o sin autorización concedida, en casi todos los casos debido a la oposición social pero también a raíz de la sostenida caída de los precios internacionales de los metales.
En materia política, la situación preelectoral ofrece varios elementos conocidos. Uno es la casi seguridad de que habrá segunda vuelta. De las seis elecciones presidenciales realizadas desde 1990, solo una ‒la primera reelección de Alberto Fujimori, en 1995‒ se resolvió en primera vuelta.
Otra casi certeza es que el próximo presidente no tendrá mayoría en el Congreso unicameral. Lo cual no representa necesariamente un problema: “Desde 1990, salvo en el período del autogolpe de Fujimori, ningún gobierno tuvo mayoría y todos han sobrevivido y han terminado sus mandatos perfectamente bien”, me dijo el líder del partido Acción Popular, Víctor García Belaunde, en 2012, cuando Humala aún no había cumplido un año en el gobierno.
También se repite la volatilidad del electorado, que en los últimos ocho meses fluctuó entre tres candidatos para el segundo puesto, aunque en esta ocasión, como no sucedía desde 2001 con Alejandro Toledo, mantuvo siempre en el primer lugar a Keiko Fujimori, quien, según todas las encuestas, también es favorita para cualquier escenario de balotaje. No obstante, nada es seguro: en 2006 y 2011, los candidatos que tenían la mayor intención de voto dos meses y medio antes de los comicios ‒Lourdes Flores y Toledo, respectivamente‒, finalmente quedaron fuera de la segunda vuelta.
Por otra parte, al cierre de esta nota no era del todo seguro que Julio Guzmán (segundo en la intención de voto, con 18 por ciento) y César Acuña (cuarto, con seis por ciento) pudieran presentarse a los comicios de abril. La autoridad electoral aún podía inhabilitarlos, en el caso de Guzmán por irregularidades de su partido en la definición y la inscripción de su candidatura, y en el de Acuña, por denuncias de plagio en tres tesis de posgrado y un libro.
Asimismo, Humala termina su mandato con su popularidad muy desgastada: de 65 por ciento de imagen positiva que llegó a tener poco después de haber asumido cayó a 16 por ciento en diciembre pasado, afectado sobre todo ‒pero no exclusivamente‒ por la suerte de su esposa, Nadine Heredia, que además es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ambos cofundaron en 2005. La primera dama es objeto de investigaciones judiciales y parlamentarias por presunto lavado de activos. En ese contexto, meses atrás Humala sufrió la resonante renuncia al PNP de su vicepresidenta, Marisol Espinoza, quien en abril será candidata a una banca en el Congreso por el partido populista de derecha Alianza Para el Progreso (APP).
En los dos procesos electorales anteriores (2006 y 2011) no hubo candidatos oficialistas a la Presidencia; ahora lo hay, pero el general retirado Daniel Urresti está undécimo en las preferencias, con uno por ciento de la intención de voto. Cinco años atrás, el presidente saliente, Alan García, resolvió no asistir a la asunción de Humala por temor a que lo abuchearan, según explicó él mismo.
Ni siquiera es nuevo que la probable próxima presidenta sea la misma que perdió el balotaje cinco años antes: lo mismo sucedió con Humala, derrotado por García en 2006 y triunfador sobre Keiko Fujimori en 2011. Tampoco que su acceso al gobierno implique un cambio de orientación ideológica, en este caso del populismo de centroizquierda del PNP al populismo de derecha de Fuerza Popular. Lo mismo ocurrió en todos los casos de Toledo en adelante, sin que variara en lo esencial el rumbo económico.
En todo caso, lo novedoso es que la probable mandataria es precisamente la hija de quien no hace aún tanto tiempo clausuró el Congreso, convirtió su gobierno constitucional en otro de carácter dictatorial y desde hace varios años está preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Si finalmente gana las elecciones, Keiko gobernará un país menos próspero que el de los últimos 15 años y es razonable esperar en ese contexto un aumento de la conflictividad social. También deberá decidir, ya sin la necesidad de especular con los posibles votos ‒lo que en las últimas dos campañas la obligó a complicados malabares dialécticos‒, en cuánto se parecerá a su padre y en cuánto se diferenciará de él.
Y deberá resolver un dilema moral: si le concede a su padre, de 77 años y con la salud algo quebrantada, el indulto que ella misma pidió alguna vez junto a sus hermanos y que permanentemente es objeto de polémica en el Perú. Humala no se lo dio y defendió esa decisión con un argumento de peso: tampoco se lo otorgó a su hermano Antauro, convicto por la toma de una comisaría, hecho con el que pretendía derrocar a Toledo y en el que murieron seis personas.
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Nota publicada originalmente el 23/2/2016 en IDEAS & PROTAGONISTAS:
http://ideasyprotagonistas.com/2016/02/23/peru-en-inedita-transicion-hacia-un-nuevo-fujimorismo/
Reproducida el 25/2/2016 por el diario MDZ On Line:
http://www.mdzol.com/opinion/658644-peru-en-inedita-transicion-hacia-un-nuevo-fujimorismo/
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