EJEMPLOS CERCANOS

Cuando se trata de debatir sobre los caminos y los contextos más adecuados para construir el futuro en las sociedades de América latina, me gusta citar como referencia al Perú. No porque crea que es un modelo perfecto: el mismo país que nos asombra con su crecimiento sostenido y espectacular desde hace más de una década mantiene todavía una importante deuda en materia de equidad social. Pero sí me parece ejemplar por las maneras a las que recurrió para afrontar ciertos problemas que no le son exclusivos en la región.
En las últimas semanas, el gobierno del presidente Ollanta Humala cayó a su más bajo nivel de aprobación popular por varios motivos. Entre ellos, una denuncia de supuesto espionaje a varios dirigentes opositores e incluso a la vicepresidenta Marisol Espinoza; una polémica ley laboral para jóvenes que terminó derogada apenas 45 días después de promulgada; un caso de corrupción que involucra a un exasesor de campaña del mandatario; una acusación por lavado de activos a la primera dama, Nadine Heredia, y cuestionamientos diversos a varios ministros. La respuesta de Humala fue llamar a un diálogo a todos los partidos, anunciar el cierre temporario y la reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia, y, aunque desoyó el reclamo opositor para que echara a la jefa del gabinete, Ana Jara, despidió a cinco ministros.
En octubre de 2011, a menos de tres meses de haber asumido el actual gobierno, se denunció que el segundo vicepresidente ‒en el Perú hay dos‒, Omar Chehade, había organizado una comida para que un hermano y un amigo suyos pidieran a tres altos jefes de la Policía Nacional que desalojaran ilegalmente una empresa en conflicto judicial y administrada por sus trabajadores, para que pudiera tomar su control un poderoso grupo empresario. Inmediatamente se pusieron a investigarlo la Fiscalía y tres comisiones parlamentarias. Humala respaldó públicamente esas indagaciones. Y aunque al principio Chehade proclamó su inocencia, terminó renunciando apenas tres meses después de que el asunto tomara estado público (ver detalles en http://ajlomuto.blogspot.com.ar/2013/11/el-vicepresidente-sospechado-de.html).
Tal como en el caso de Chehade, Humala no obstruyó ‒ni verbal ni fácticamente‒ la posibilidad de que los organismos correspondientes investigaran cada vez que se denunció alguna irregularidad que afectara a colaboradores o parientes suyos. Ni siquiera cuando las sospechas podían rozarlo. No lo hizo con su exasesor de campaña, hoy prófugo en Bolivia, ni ‒aunque en este caso sí expresó públicamente su disgusto‒ tampoco con su esposa, que también es la presidenta del Partido Nacionalista Peruano que ambos fundaron. Y pese a las sospechas de buena parte de la política y la prensa, jamás movió un dedo para beneficiar a su hermano Antauro, preso por haber encabezado en 2005 un motín en el que murieron seis personas. Con esa autoridad moral, y el respaldo de los dictámenes médicos, denegó el indulto al expresidente preso Alberto Fujimori, cuyo partido es el más numeroso en el Congreso unicameral.
El Perú recuperó la democracia plena hace apenas una década y media, tras la dictadura de Fujimori. Parecía una tarea sumamente delicada con una sociedad que estaba ‒y aún lo está‒ políticamente muy fragmentada, con varios liderazgos personales y partidarios competitivos pero ninguno predominante, y una opinión pública exigente y cambiante. En 2002, a punto de cumplir un año en el gobierno, el primer presidente electo tras el fujimorato, Alejandro Toledo, convocó ‒y logró que se pusiera en marcha‒ el Acuerdo Nacional, un organismo que integran los gobiernos central, regionales y municipales, además de 15 partidos políticos y otras nueve organizaciones civiles (sindicales, sociales y religiosas). Generó 31 políticas de estado que siguen teniendo vigencia y tanto en 2006 como en 2011 fue suscripto por los principales candidatos a la Presidencia (ver más detalles en http://ajlomuto.blogspot.com.ar/2014/02/alguien-vio-alguna-vez-una-politica-de.html).
Y ya que hablamos de candidatos, digamos que en las campañas electorales peruanas el personaje más importante de cada partido, excepto el postulante a presidente, es el jefe del programa de gobierno. A diferencia de lo que señalábamos hace dos semanas sobre la Argentina (http://ajlomuto.blogspot.com.ar/2015/02/charlas-entre-sordos.html), en el Perú sí se toman en serio las promesas electorales, a tal punto que, cada tanto, alguien se las recuerda al presidente en ejercicio cuando cree que se desvía de ellas.
Por lo demás, la fragmentación no parece ser un obstáculo insalvable para la convivencia política. “Desde 1990, salvo en el período del autogolpe de Fujimori, ningún gobierno tuvo mayoría parlamentaria y todos han sobrevivido y han terminado sus mandatos perfectamente bien”, me dijo en abril de 2012 el congresista Víctor García Belaúnde, líder del partido opositor Acción Popular que fundara su tío, el dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry. Por si quedaran dudas, remarcó que Humala ‒que llevaba apenas ocho meses‒ “no corre el riesgo de perder estabilidad y gobernabilidad” por el hecho de no tener mayoría propia en el Congreso, “porque hay una conciencia bastante uniforme en el resto de las bancadas de apoyar al gobierno en las cosas que tienen sentido común y consenso”.
Pero Vitocho García Belaúnde también le marcaba límites a Humala, al advertir que “lo que no va a haber nunca es apoyo a cosas exageradas o reformas radicales o de la Constitución”. Ya entonces, Nadine Heredia tenía una tasa de aprobación popular mayor que la de su esposo ‒solo la perdería hace pocas semanas, una vez que se conoció la denuncia contra ella por presunto lavado de activos‒ y estaba instalada la sospecha de que Humala impulsaría las reformas legales necesarias para permitirle ser candidata a sucederlo. Ocurre que la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe la postulación de “el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección”. Lo cierto es que tanto Humala como Nadine rechazaron públicamente esa posibilidad cada una de las numerosas veces en que fueron consultados. 
Y en cuanto a la deuda en materia de equidad, es cierto que, igual que en la mayoría de los países de la región, la protección legal y la cobertura médica de los trabajadores está muy lejos de los estándares de la Argentina y Uruguay. Pero también lo es que el crecimiento sostenido de los últimos años ha permitido el ascenso a la clase media de grandes capas de la población, y que Humala ‒que en lo esencial no modificó los estímulos a la inversión privada que rigen desde los gobiernos de sus antecesores‒ puso en marcha programas sociales para asistir a niños de hasta dos años de edad, personas mayores de 65 y estudiantes, todos en situación de pobreza. Sin embargo, la concepción de Humala sobre la subsidiariedad del Estado es en verdad progresista y sustancialmente diferente de la clientelística que rige en la Argentina, si es cierto lo que me dijo en mayo del año pasado la entonces canciller peruana, Eda Rivas: “En los dos últimos años, en mi país un millón de personas han dejado de ser pobres. Pero no basta sacarlas de la línea de la pobreza. Tenemos que integrarlas a un sistema productivo. Los programas sociales, en algún momento, si la política social tiene sus mejores efectos, tienen que desaparecer y convertirse en programas de desarrollo.”

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Esta nota fue reproducida por el diario mendocino MDZ On Line:

http://www.mdzol.com/opinion/590275-ejemplos-cercanos/