EL VICEPRESIDENTE SOSPECHADO DE CORRUPCIÓN

Igual que el argentino, el sistema de gobierno establecido para la República del Perú por su Constitución Política se basa en el principio de la separación de poderes, que también allí son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, hay algunas diferencias que es preciso conocer para comprender este artículo: el presidente tiene un mandato de cinco años y no puede ser reelecto inmediatamente, y hay dos vicepresidentes, que son elegidos junto al mandatario y pueden ser simultáneamente legisladores, pero ninguno de ellos preside el Congreso unicameral.

El 28 de julio de 2011 asumieron sus cargos el presidente, Ollanta Humala; la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, y el segundo vicepresidente, Omar Chehade.

A diferencia de Espinoza, que pertenece al Partido Nacionalista Peruano (PNP) fundado y liderado por Humala, Chehade integró la fórmula como figura extrapartidaria. Se trata de un joven abogado ‒tenía 40 años cuando fue electo y cuando asumió el cargo‒ sin militancia política conocida, que había ganado notoriedad como consultor de la Procuraduría Anticorrupción, donde le tocó actuar en los casos del expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, luego presos por delitos de corrupción y lesa humanidad.

Al momento de postularse, no pesaba sobre Chehade ninguna sospecha, ni por la compra irregular de automóviles ni por ningún otro motivo.

Tanto durante la campaña como en el período de transición desde la consagración electoral e incluso en los primeros días de gobierno, Chehade fue uno de los principales voceros de la coalición oficialista Gana Perú, aun más que Espinoza, que tuvo un perfil más bajo.

Sin embargo, a poco andar comenzaron los problemas. El 15 de octubre ‒es decir, apenas dos meses y medio después de haber asumido‒, el prestigioso sitio web IDL Reporteros denunció que a comienzos de ese mes, Chehade había organizado una comida para que un hermano y un amigo suyos pidieran a tres altos jefes de la Policía Nacional que desalojaran ilegalmente la azucarera Andahuasi, en conflicto judicial y administrada por sus trabajadores, para que pudiera tomar su control el poderoso grupo empresario Wong. La denuncia fue ratificada a las pocas horas, por televisión, por uno de los oficiales involucrados.

Dos días después, el 17, el presidente del Congreso, el oficialista Daniel Abugattás, afirmó: “Se tienen que hacer las investigaciones del caso y tendrá que pasar a la Comisión de Ética” del parlamento. El 20, el propio Humala aseguró que respaldaba “totalmente” la investigación que ya había iniciado el Ministerio Público y advirtió que, de acuerdo con el resultado que arrojara esa indagación, “cada quien asumirá su responsabilidad”.

El 3 de noviembre, Chehade debió comparecer ante la Comisión de Ética del Congreso (“Tengo la conciencia muy limpia”, dijo). El 6, por televisión, Humala manifestó que su vice “haría bien en dar un paso al costado”. El 7, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del parlamento declaró procedente la denuncia contra Chehade por los delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo, falsedad genérica y tráfico de influencia. El 8, Chehade informó en un comunicado que no ejercería la función de segundo vicepresidente mientras duraran las investigaciones de la Fiscalía y tres comisiones parlamentarias, pero sostuvo que no consideraba “pertinente” renunciar porque era “inocente”. El 10, fue suspendido como miembro de la bancada de Gana Perú, mientras una encuesta privada revelaba que 70,1 por ciento de los peruanos opinaba que debía dimitir. A esa altura, ya lo investigaba también la Comisión de Fiscalización del Congreso. El 15, la Comisión de Ética recomendó por unanimidad la máxima sanción posible (suspensión por 120 días sin goce de haberes) para Chehade en su condición de congresista mientras continuaran las investigaciones. El 28, Chehade debió comparecer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pidió “disculpas a la Nación” por haber cometido “un error político” que atribuyó a su “poca experiencia”.

El 7 de diciembre, la misma Subcomisión emitió un dictamen ‒que debería ser primero aprobado por la Comisión Permanente y luego votado por el pleno del Congreso‒ aconsejando la destitución de Chehade como congresista y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. El 16 de enero, Chehade presentó al Congreso su renuncia “irrevocable” al cargo de segundo vicepresidente, “en aras de no causar perjuicio a la buena imagen del gobierno”. El 31, finalmente, el pleno del Congreso aceptó sin debate y por unanimidad esa dimisión.

Pese a que el 17 de enero, en una decisión dividida (13 votos a 12), polémica y sorpresiva, la Comisión Permanente del Congreso rechazó el dictamen que recomendaba la destitución y la inhabilitación de Chehade, con lo cual aseguró su permanencia como legislador y cerró el camino al desafuero, en poco más de tres meses desde que tomara estado público la denuncia se abrieron investigaciones judiciales y parlamentarias, y se resolvió políticamente un caso resonante con un mensaje inequívoco en materia de lucha contra la corrupción.

Y por casa, ¿cómo andamos?